Destinado a recaudar 10 millones de euros al año cuando se introdujo por primera vez, el impuesto específico sobre los grandes yates nunca ha recaudado más de unos cientos de miles de euros en ingresos. En 2025, fue renovado por los diputados tras una reñida votación. Sin embargo, su impacto sobre el pabellón francés y el papel de Francia en el mantenimiento y la explotación de los grandes yates preocupa directamente a los profesionales de la náutica.
Un impuesto muy simbólico y poco productivo
Introducido en otoño de 2018 a raíz de la supresión del ISF, este impuesto se dirige a las embarcaciones de recreo de más de 30 metros de eslora matriculadas en Francia. Su importe varía de 30âeuros¯000 a 200âeuros¯000 euros en función del tamaño de la embarcación.
Sin embargo, las cifras son contundentes: 288.000 euros en 2019, 60.000 euros en 2022, 135.000 euros en 2023 y otros 60.000 euros en 2024. La rentabilidad de 2024 representa menos del 0,7% de la previsión inicial.
Éxodo de grandes unidades y consecuencias indirectas
Según cifras oficiales, sólo 5 grandes yates siguen matriculados en Francia. La mayoría de los armadores han optado por matricular sus yates en otros países europeos, o incluso fuera de la UE, para evitar el impuesto.

La consecuencia para los astilleros, los proveedores de servicios portuarios y las empresas de mantenimiento y seguridad es una caída del negocio indirecto en Francia. Para los profesionales, el impuesto no sólo no ha logrado su objetivo presupuestario, sino que ha debilitado el atractivo del pabellón nacional.
Un debate político entre rendimiento fiscal y mensaje social
Los defensores del impuesto, como el diputado Emmanuel Maurel, ven en su mantenimiento una señal a los contribuyentes ricos. En su opinión, suprimir este impuesto "equivale a decir a los ricos que si no quieren un impuesto, que se vayan".
En el otro lado de la polémica, Charles Sitzenstuhl, diputado, cree que la medida es contraproducente: "Este impuesto no sirve para nada, es caro de recaudar y ahuyenta a los yates".
A pesar de las advertencias del sector sobre sus consecuencias industriales, el impuesto se ha renovado. Para las empresas del sector, el mantenimiento de esta medida mal calibrada refuerza la impresión de que el sector de los grandes yates recibe un trato simbólico, sin pensar en las repercusiones económicas concretas.

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