La gestión directa se impone en un clima tenso
La decisión de SPL Ports de Fréjus de no renovar la delegación de servicio público para la explotación del astillero, efectiva a partir del 2 de agosto de 2025, marca un brusco giro en la gestión de esta infraestructura. El astillero, gestionado hasta ahora por un operador privado, será asumido temporalmente por una empresa de gestión directa, con una plantilla reducida a cuatro puestos de los veinticinco actuales.
Esta decisión, justificada por el SPL como un proyecto de modernización de los diques con vistas a una nueva licitación prevista para un contrato de servicio público de cinco años, es muy contestada por el operador saliente. Lamenta la falta de concertación y la ausencia de justificación económica creíble, y señala los riesgos de un desmantelamiento precipitado de una instalación de producción que genera 700.000 euros de ventas anuales.
Una herramienta estratégica para la competitividad del puerto
El astillero de Port-Fréjus no es sólo logÃstica. Presta servicios técnicos esenciales -reparaciones mecánicas, pintura, reacondicionamiento, renovación- que son vitales para la calidad de la acogida portuaria y para conservar la fidelidad de los navegantes. Si se cerrara o se deteriorara funcionalmente, los clientes exigentes podrían desviarse a puertos competidores de la región mejor equipados o con una gestión más estable.
Además, la reorganización se produce sin que se haya aclarado la capacidad de la empresa para mantener el nivel de servicio ni las inversiones necesarias para absorber el choque organizativo. Para los agentes económicos del puerto, esta desarticulación de la plataforma técnica compromete a corto plazo la continuidad de la actividad.
Riesgos jurídicos y sociales incontrolados
Además de los efectos económicos, la transición plantea cuestiones jurídicas. El operador impugna la intención de la SPL de recuperar determinados equipos que afirma haber adquirido en 2011. Estos equipos, esenciales para el funcionamiento del centro, podrían ser objeto de litigio si no se indemniza. Se prevén acciones judiciales.
En el plano social, la drástica reducción de personal aún no ha ido acompañada de ninguna medida compensatoria ni de un plan de transición. Esta falta de claridad agudiza las tensiones locales, sobre todo porque la autoridad local aún no ha comunicado un calendario preciso para el relanzamiento del contrato de servicio público, ni los recursos humanos y técnicos que se movilizarán a corto plazo.
El caso de Port-Fréjus ilustra las crecientes tensiones en torno a la gobernanza de las infraestructuras náuticas. Entre las ambiciones de reorganización y la falta de concertación, el método es cuestionable. En un momento en que el sector debe estructurarse en torno a modelos sostenibles, esta operación demuestra la fragilidad de los equilibrios locales y la necesidad de una gestión concertada para evitar perturbaciones repentinas. La futura licitación debe ofrecer garantías claras tanto a los operadores como a los usuarios para restablecer la confianza.
